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    ¿Las antenas de telefonía son perjudiciales para la salud? Esta pregunta es la que nos hacemos la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de esta Universidad. Ha sido tal la magnitud de lo que se ha venido a llamar “alarma social”, que hasta nosotros ha llegado esta polémica. Concretamente, en la Biblioteca General se estuvo recogiendo firmas para pedir la retirada de por lo menos 8 repetidores de telefonía que están instalados en la azotea del edificio de la Biblioteca General, hecho que muy pocos conocíamos. Y es que los sucesos del colegio de Valladolid y los de Guía de Isora han disparado la alarma. Por ello nos hemos querido acercar al tema.

     El teléfono móvil y muchos electrodomésticos y otros aparatos electrónicos  han facilitado las tareas laborales y las particulares. Es el progreso que en principio nos debe brindar un mejor nivel de vida. El móvil, que hace años solo lo usaban los ejecutivos y la gente rica, hoy es un utensilio de masas. Cualquiera, desde mayores a jóvenes (incluso niños) llevan uno encima. Este multitudinario uso del mismo ha hecho que las compañías telefónicas nos pongan repetidores de telefonía por todas partes, porque si no fuese así, no habría cobertura para esos móviles que generan muchos millones de euros de beneficio para estas compañías.

     Esta apuesta por los sistemas de tercera generación (UMTS) son el engranaje de un gigantesco aparato económico de gran envergadura que moverá (según leemos en el periódico La Opinión de Tenerife de 23 de enero de 2002) unos 178.000 millones de euros en 2010. Posiblemente, antes de esa fecha el volumen económico del que estamos hablando se duplique o triplique. Estos sistemas de telefonía (llevados a cabo por las compañías Telefónica, Auna, Vodafone y Xfera), permitirán el acceso a internet, el envío de imágenes y muchas más prestaciones.

Hacen falta más antenas
     Para poder cumplir con ese objetivo, son necesarias unas 90.000 antenas más, que están a la espera de instalarse en todo el territorio español, y que harán en total unas 120.000 estaciones repetidoras de telefonía. En Canarias, según ATAN, hay unas 2.500 antenas (Diario de Avisos, 13-01-02). De esta forma se podrá acometer con garantías todo este gigantesco sistema de telecomunicación.

     Es tal el volumen de beneficios que genera esta nueva telefonía, que la instalación de infraestructuras ha ido por delante de cualquier normativa y de estudios de impacto tanto medioambiental como sobre la salud de las personas. De ahí esa sensación que tenemos de no saber con qué argumento quedarnos. Por ello, el Gobierno ha permitido el desarrollo desorbitado de estas telefonías (aún a costa de saber que pueden ser nocivas para la salud). Primero se instalan y luego vemos qué pasa. Y lo que pasa es que ante la gran angustia e incertidumbre creada, el Gobierno legisla un gigantesco aparato (desconocido aún), pero que no va a detenerse. Después de un gran periodo de vacío legal, el Gobierno español aprueba un real decreto que se aprobó el 28 de septiembre de 2001, en el que se regula los límites de exposición a las emisiones electromagnéticas de las antenas de telefonía móvil, creyendo que con eso nos quedaríamos tranquilos.

     Por un lado, los entendidos en telecomunicaciones explican que los efectos nocivos de las bajas frecuencias son limitados a un radio de 10 a 15 metros de la antena, por lo que en principio estas antenas no representan un peligro serio para la salud. Con este argumento las compañías ofertan alquileres suculentos para terminar de convencer a los vecinos o propietarios de viviendas para que dejen instalar las antenas en sus azoteas (en Canarias se oferta hasta 7.000 euros anuales por permitir la instalación).

     Por el contrario, otros entendidos, como el geobiólogo Juan Abia (El Día, 30-05-01), consideraba que la proliferación de teléfonos móviles llena el espacio aéreo de microondas que son perjudiciales para la salud, ya que pueden producir tensión, insomnio, debilitamiento del sistema inmunitario e irritabilidad en las personas.

     Pero aparte de este dilema y del sugerente aporte económico que supone para los propietarios de las azoteas en las que se instalen antenas, queda claro que la gente no va a renunciar a todos estos adelantos tecnológicos a los que ahora tenemos acceso, a pesar del riesgo que podamos correr, ni las compañías van a invertir en eliminar esos riesgos, a no ser que se les obligue a ello. Para estas compañías mejor es indemnizar por las muertes o enfermedades contraídas que prevenir, pero claro, para eso hace falta demostrarlo, como pasó con el tabaco...

     En fin, esta llamada “alarma social” lo que sí ha conseguido es llamar la atención sobre la cantidad de ondas electromagnéticas a las que diariamente estamos expuestos, cosa de la que no se habla en ninguno de los artículos que hemos consultado, es decir, de la exposición continuada a las ondas electromagnéticas de los distintos aparatos que hay en los centros de trabajo o en el hogar (ordenadores, electrodomésticos, televisores, etc). De lo que se trata en el fondo no es que estos aparatos superen los niveles de emisión permitidos por la ley, sino centrar la polémica en qué pasa con la exposición continuada a esas radiaciones de baja frecuencia.

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