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La financiación de las universidades canarias

    ¿Son las Universidades Canarias caras?. El Gobierno de Canarias afirma que sí, pero necesariamente así debe ser. El costo de la insularidad es algo real que no hemos inventado nosotros (recordemos el victimismo que enarbola constantemente el Gobierno de Canarias en sus relaciones con el Estado o la Unión Europea). ¿Por qué las universidades iban a ser distintas a otros aspectos de la realidad política y económica de las Islas?. ¿Es más caro mantener la infraestructura científica en Canarias?, es evidente que sí: la lejanía respecto de los grandes centros de documentación hacen mucho más caro y siempre insuficiente la dotación de fondos bibliográficos, la atención y el mantenimiento de la infraestructura instrumental, etc.

    Frente a posiciones que en su momento llamaron la atención sobre el costo de dos Universidades plenas y no complementarias, la apuesta decidida del Gobierno de Canarias -siendo Presidente D. Manuel Hermoso y Consejero D. Juan Manuel García Ramos- y del Parlamento fueron claras y terminantes. ¿Qué sentido tiene ahora después de haber creado dos universidades plenas dejarlas languidecer hasta un estado catatónico?. El hecho objetivo es que la subvención incondicionada que recibe nuestra Universidad para abordar anualmente el gasto corriente es exigua: 232 millones de pesetas en el presupuesto de este año. ¿Es posible atender las necesidades académicas mínimas y mantener las infraestructuras científicas y de edificios con estas cantidades?. Rotundamente no. ¿Es posible incrementar “ad-eternum” el endeudamiento de la Institución para mantener el servicio público de la enseñanza superior en Canarias?. ¿Tiene algún sentido la Autonomía Universitaria en este contexto?.

    Lo que pudiera parecer un problema local de la Universidad de La Laguna es un problema general que afecta a una gran mayoría de las Universidades Públicas, como se ha puesto de manifiesto en los debates de las II Jornadas de Personal Docente e Investigador.

    La oportunidad perdida en el marco del Contrato-Programa -por cierto ya incumplido por su principal promotor, la Consejería de Educación- para poner en marcha un Plan Estratégico de saneamiento financiero de nuestra Universidad, plantea un serio problema de estabilidad institucional. Ya lo decíamos en nuestra propuesta de Contrato-Programa: lo debido no es sujeto de contrato, simplemente es una obligación ya contraída. Lo necesario y no satisfecho si puede ser acordado y contratado, por objetivos concretos y con “recompensas” que incentiven la eficacia de las acciones. Claro si contratamos lo debido ponemos inmediatamente en duda su legitimidad, y con una Administración Pública despilfarradora esto es muy peligroso.

    No nos cansaremos de repetir que el sostenimiento y desarrollo de nuestras universidades está apoyado en dos pilares: financiación y calidad. La maduración de estos conceptos requiere de un ambiente institucional adecuado, sin excesivos saltos ni alteraciones, lejos de la crispación, firmes en los objetivos.

Movilizaciones contra la congelación salarial

    Frente a los que afirmaban que estamos en el crepúsculo de las ideologías y que las diferencias entre la izquierda y la derecha son más semánticas que reales, la congelación del salario de los empleados públicos es un claro exponente de que esto no es así, de que estamos ante una decisión política de marcado carácter ideológico, y no de carácter económico como nos quieren hacer entender. Una vez más somos los más débiles –los de siempre- los que paguemos los ajustes económicos del nuevo gobierno. El tratamiento dispensado por la Administración es fundamentalmente injusto por varias razones:

    1.- El incumplimiento de los acuerdos firmados por el anterior gobierno produce una quiebra de la confianza necesaria para cualquier negociación colectiva. ¿De qué forma vamos a convencer a los trabajadores de las virtudes de la negociación si ni siquiera la firma por parte de la Administración garantiza los acuerdos?. Por otra parte se están potenciando los intereses corporativos y los acuerdos parciales cuya importancia va en función de la importancia estratégica del sector afectado (caso de los médicos del INSALUD), y diferencias territoriales como en el caso del País Vasco.

    2.- La pérdida de poder adquisitivo es evidente y en la mejor de las hipótesis supone una reducción de un 10.8% de nuestro poder adquisitivo.

    Esta pérdida de poder adquisitivo no ha ido acompañada de un esfuerzo solidario como se demuestra por la disminución de los impuestos sobre las plusvalías, sobre los fondos de inversión y actualización de balances, lo que favorece aún más a las rentas de capital y supondrá un costo aproximado de 500.000 millones de ptas. Tampoco se incide sobre el fraude fiscal; pensemos que la deuda de las empresas a la Seguridad Social tiene un monto de 1.5 billones de ptas.; si se recaudara aproximadamente el 12% de esta deuda se ingresaría una cantidad análoga a la que se pretende ahorrar con la congelación.

    3.- La estabilidad en el empleo se esgrime igualmente como ventaja compensatoria frente a la congelación salarial. No se dice sin embargo el nivel de salario que acompaña a esta congelación, no se dice que el 76% de los funcionarios pertenecen a los grupos C. D y E con salarios que oscilan entre 103 y 130 mil ptas. netas, tampoco se dice que el 80% del personal laboral se incluye en los grupos 5,6 y 7 con salarios aún más bajos que los anteriores, ni que el 25% de los empleados públicos son interinos.

    4.- También debemos ser solidarios en el mantenimiento de las pensiones, sin que se diga a continuación que el sistema de Seguridad Social español ingresa más por cotizaciones que lo que gasta en pensiones contributivas. Si hay una clase de trabajadores que no defrauda a la hacienda pública somos sin duda los empleados públicos, y por si fuera poco debemos financiar las pensiones no contributivas. En su lugar ¿no sería más equitativo que éstas fueran el producto del esfuerzo colectivo de todos los españoles a través de los Presupuestos Generales del Estado?.

Desengañémonos, amordazados por una legislación que no nos permite la negociación de nuestros salarios, debemos preparamos para nuevas decisiones que afecten a nuestras condiciones de trabajo. Nos corresponde una vez más el enfrentamiento no sólo sindical sino también político con las derechas que detentan el poder económico y político.

La calidad de la enseñanza en nuestra región

Nadie duda que el principal patrimonio de las sociedades más desarrolladas es el capital humano, máxime cuando la disponibilidad de recursos naturales no ofrece mejores perspectivas.

¿Hasta qué punto la política educativa canaria es consecuente con esta premisa?. Hay extremos en este debate que comienzan a ser preocupantes. Los datos de la evaluación de la calidad de la enseñanza primaria en todo el territorio estatal, realizada por el Ministerio de Educación y Ciencia del anterior gobierno, arrojaron resultados reveladores: la Comunidad Autónoma de Canarias es el farolillo rojo de la clasificación, con aprobado raspado en lenguaje y suspenso rotundo en matemáticas.

Frente a esta realidad apabullante la Administración ha preferido atronarse, tapar las orejas de la caballería para impedir que se asuste. ¿Fracaso escolar?, lo tenemos resuelto: que apruebe todo el mundo y el problema para el siguiente. Claro que el último peldaño es la Universidad y en ella recogemos la cosecha de esta espantosa siembra. ¿Son los nuevos Planes de Estudio los únicos culpables del fracaso escolar en las Universidades?. Los profesionales de la enseñanza superior sabemos que no, sabemos que las herramientas y bagajes del alumnado que ingresa en las universidades es escaso. Y desengañémonos no podemos hacer un palacio con tan escaso andamiaje.

Las presiones a las Universidades Canarias desde la perspectiva economista de la enseñanza van a ser enormes. En la propuesta inicial de Contrato-Programa ya le vimos los dientes al lobo: “o aprueban como mínimo al 50% o…” ¿Es realmente consciente la Administración Educativa Canaria del papel de las universidades en la sociedad tecnológica de finales de siglo?. Debemos enfrentar la realidad pura y dura, rebelarnos contra este estado de cosas desesperanzador y castrante.

FETE-UGT está especialmente sensibilizada por este problema y ha puesto en marcha un estudio orientado a evaluar la conectividad de los niveles educativos: primaria-secundaria, secundaria-universidad.