Garzón continuó con una querella presentada contra Pinochet y otros militares hace ya tiempo2 por  las asociaciones de desaparecidos en los que se acusa de la desaparición de unas 200 personas durante el Operativo Cóndor. Los abogados de la acusación particular han conseguido presentar una lista de más de 4.000 personas asesinadas o desaparecidas. Aunque no hay cifras fiables, aparte de los asesinados o desaparecidos, decenas de miles fueron torturados o encarcelados.
 

    La derecha española, para no ser menos que sus colega la chilena, también se ha puesto en contra, poniendo el grito en el cielo. El gobierno español ha explicado en múltiples ocasiones a los gobiernos de Argentina y Chile que el Ejecutivo no apoya las actuaciones de los jueces en estos casos. Por ello mismo, el fiscal Fungairiño se ha negado a ello. No obstante, como medida precautoria, el Gobierno siempre manifiesta que respeta las decisiones de la justicia.

    Por el otro lado, la izquierda está exultante por la detención ya que es la primera oportunidad para que se haga justicia. «En Chile siempre nos la han negado porque el Gobierno protege a Pinochet», afirmó la chilena Nicole Drovilly (El País, 18-10-1998).

    También la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Chile tomó con satisfacción la noticia, ya que «se rompe el círculo de la impunidad». Esta Agrupación de familiares opinaba que «es tanta la impunidad que Pinochet tiene en Chile, que pensó que podía salir sin problemas».

    Y razón tiene la Agrupación, ya que durante el Gobierno de Pinochet aprobaron en 1978 una ley de amnistía. Y a partir de esa fecha, la ley de preferencia de la justicia castrense sobre la ordinaria en todos aquellos casos en los que estén implicados oficiales de las Fuerzas Armadas. Esto es, claro, una salvaguarda de la integridad de todos los militares.
También Pilar Cernuda en su artículo «Pinochetazo» (Diario de Avisos, 21-10-1998) se congratula de la detención del inductor de miles de asesinatos, torturas y desapariciones.
 

    Pese a las protestas de Santiago, su pasaporte diplomático no le provee de inmunidad ante la policía británica. Durante todo este tiempo, Londres ha estado a la espera de que el Gobierno español pida formalmente su extradición. Legalmente el Gobierno español tiene 40 días para formalizar su solicitud. El argumento esgrimido por los defensores de Pinochet es el de inmunidad diplomática, pero ese pasaporte diplomático puede valerle la inmunidad a un diplomático chileno en Londres, pero no a otro que venga de fuera, nos cuenta Manuel Leguineche en el «Caso Pinochet» Diario de Avisos, 20-10-1998).
 

    Parece muy poco probable que haya juicio. En unas declaraciones de Nicole Valenzuela, de 18 años e hija de chilenos, decía: «Yo no conocí las persecuciones ni las torturas, pero he vivido toda mi vida con las marcas y pesadillas de mis padres». Y concluía (y nosotros con ella): «esto es un juego. Está tan viejo que no le van a hacer nada. Lo soltarán» (El País, 18-10-1998).
Este debate social que se presenta con la detención de Pinochet devuelve a la actualidad los horrores ocurridos en Chile hace un cuarto de siglo, que se cumplieron el pasado septiembre. Son ya 25 años de impunidad, que sólo se ha roto porque el general quiso ser operado fuera de su país, y porque un juez inició el proceso.

    Pinochet confesó, con motivo del aniversario del golpe militar, que volvería a hacer lo de 1973. Un personaje como Pinochet, que sigue dando pruebas continuas de su absoluta falta de arrepentimiento, revela así cuál es su talante: el de un auténtico y genuino fascista que no escatima medios para hacer desaparecer a todos los subversivos de la tierra.

    Lo que posiblemente evite que este caso llegue a las últimas consecuencias son los intereses de la derecha política y económica que siempre ha condenado a los dictadores comunistas, pero que ha observado una posición de compresión y justificación con las dictaduras militares de carácter fascista, por muchos crímenes que hubiera cometido. Y, como dice Justo Fernández Rodríguez en su artículo «Dictador en apuros», «ahí comienza los problemas del Gobierno español, porque desde un planteamiento económico, los banqueros y empresarios con fuertes inversiones en América Latina, presionan para que sus intereses no se vean perjudicados». (Diario de Avisos, 25-10-1998).

    No sabemos hasta dónde llegará el caso Pinochet, pero de lo que no cabe duda es de que va más allá de amnistías prefabricadas y de olvidos oficiales, y es que el dolor y la impotencia por tanta injusticia todavía está a flor de piel.

    Y como sospechamos que no habrá juicio ni justicia, nos gustaría a nosotros y a muchos de los chilenos torturados por Pinochet y sus secuaces (aceptando los consejos de Benedetti de que «un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo»), que siguiera los pasos de ese torturador...